Pueblos indígenas y municipios defienden Pilón Lajas ante la minería ilegal
En el Área Protegida Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, la Fundación para el Desarrollo de la Ecología ha ejecutado un proyecto que, junto a los municipios de la zona, impulsó leyes para frenar el avance de la minería ilegal y ha sentado precedentes para la conservación de territorios indígenas.
En las regiones tropicales y andinas de Bolivia, la minería ilegal de oro representa una gran amenaza para la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales. Esta actividad, que carece de la debida fiscalización estatal, contamina los ríos con mercurio y otras sustancias tóxicas, genera pérdida de bosques, rompe estructuras sociales y afecta a la salud humana. Todo ello en ecosistemas frágiles.
En el entorno del Área Protegida Reserva de la Biósfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas, los impactos del avance de la minería ilegal pueden ser devastadores. Desde pérdida de hábitats para fauna como el jaguar o el oso andino, hasta degradación de cuencas hidrográficas y destrucción de medios de vida que sustentan a comunidades indígenas y campesinas.
Una alianza ante la minería ilegal en Pilón Lajas
Para afrontar esta problemática surgió el proyecto «Reducción de los Impactos de la Minería de Oro en la Biodiversidad y las Comunidades, Bolivia», ejecutado por la Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUND-ECO), en consorcio con la empresa Cumbre del Sajama y la Fundación Solón y con apoyo técnico de la Wildlife Conservation Society (WCS), así como el financiamiento del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF) y el gobierno de Canadá.
La iniciativa buscó fortalecer los marcos políticos y legales para detener prácticas mineras destructivas en zonas ecológicamente sensibles, así como empoderar comunidades y gobiernos locales en defensa de sus territorios. Sumado a ello, también trabajó para proteger más de 200 mil hectáreas de Áreas Clave de Biodiversidad (KBA), generar información sobre los impactos de la minería aurífera sobre la biodiversidad y los ecosistermas, reducir las incursiones mineras irregulares en territorios indígenas y capacitar a más de 200 líderes comunitarios en herramientas legales preventivas.
A lo largo del 2025, el proyecto hizo actividades como la recopilación de información sobre la perspectiva de las personas locales ante la minería. Esto permitió proponer estrategias de acción y contención, realizar un análisis científico sobre la presencia de mercurio en la biodiversidad local y lanzar campañas de sensibilización sobre los riesgos de esta actividad, con énfasis en la situación de las mujeres en la zona. Acciones que buscan un empoderamiento en la prevención, fomentando que comunidades y municipios tomen medidas proactivas para resguardar sus territorios.
Impulsando leyes para proteger territorios
Otro enfoque clave de la iniciativa ha sido el apoyo para impulsar leyes autónomas municipales que declaran territorios «libres de minería», creando barreras legales contra la expansión irregular de estas actividades. El municipio de Alto Beni fue declarado como «ecológico y libre de actividad y contaminación minera», protegiendo su modelo agroecológico y evitando la contaminación de ríos vitales para la biodiversidad.
Otro ejemplo es el municipio de Palos Blancos, declarado como territorio «agroecológico, productivo y libre de contaminación minera» por una ley autónoma municipal. Esto permitió frenar avances de operaciones auríferas y promovió la producción sostenible.
Son declaratorias que no solo reducen incursiones mineras, de acuerdo a monitoreos locales, también generan impactos a favor de la biodiversidad. En los casos previamente mencionados, hubo disminución de sedimentos tóxicos en ríos, beneficiando especies acuáticas y terrestres, y permitió preservar corredores ecológicos.
El precedente ha tenido un efecto dominó, pues influyó en regiones andinas como Viacha. Inspirados en el éxito de Alto Beni y Palos Blancos, comunarios de Viacha, con el respaldo indirecto de las experiencias del proyecto, impulsaron una ley para declarar al municipio como «territorio libre y cero de toda contaminación de actividad minera». La ley, promulgada en setiembre de 2025, obligó a la clausura de operaciones mineras sin licencias, la remediación de daños ambientales y la revocatoria de autorizaciones que afecten la salud pública y el medio ambiente.
Precedentes para conservar territorios
Territorios indígenas como el Territorio Mosetén de la OPIM, el Territorio Tacana del CIPTA y el territorio indígena Pilón Lajas de los pueblos T’simane, Mosetén y Tacana del CRTM también han emitido resoluciones en grandes asambleas para ser declarados libres de actividad minera.
Gracias al trabajo realizado, se está construyendo una «costumbre» legal para la prevención de la minería ilegal en Bolivia. Ahora existe un puente de coordinación subnacional entre municipios tropicales y andinos y territorios indígenas. Esta red permite compartir estrategias de defensa territorial, incluso frente a disposiciones del gobierno central que priorizan el extractivismo.
Los impactos de la iniciativa van más allá de las declaratorias, pues ha fortalecido capacidades locales, con más de 150 personas capacitadas, fomentando un compromiso con la sostenibilidad. Si bien quedan muchos desafíos, como la resistencia de sectores mineros, los avances muestran que el empoderamiento comunitario es clave para defender la biodiversidad boliviana.
Acerca del CEPF
El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) es una iniciativa conjunta de la Agencia Francesa de Desarrollo, Conservación Internacional, la Unión Europea, la Fundación Hans Wilsdorf, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Japón y el Banco Mundial. En los Andes Tropicales, el programa es financiado por el Gobierno de Canadá a través de Asuntos Globales Canadá, con el propósito de fortalecer a la sociedad civil en la conservación de la diversidad biológica.